La Comisión por la Verdad y la Justicia se une a los amigos y familiares de Carlos Muñiz Varela en la conmemoración del aniversario de su muerte que aun permanece impune tras 23 años de haber ocurrido.

La Comisión por la Verdad y la Justicia se organizó hace un año para unir los esfuerzos de familiares y amigos de las víctimas de asesinatos políticos en los que participaron organismos gubernamentales tanto en la planificación, en la ejecución, como en el encubrimiento. Los familiares y amigos de Carlos Muñiz Varela forman parte de este esfuerzo y han representado una aportación valiosa a nuestro trabajo. Sobre todo destaca la
valentía con que estos compañeros, año tras año, levantan su voz para condenar este asesinato y pedirle al gobierno que haga su trabajo de acusar y encauzar a los culpables.

Contrasta esta actitud con la asumida tradicionalmente por las autoridades. Es un hecho notable que en Puerto Rico todavía existe el miedo hacia algunos sectores poderosos del exilio cubano que, junto a la extrema derecha puertorriqueña y a elementos corruptos de la Policía de Puerto Rico, utilizaron el asesinato como instrumento de lucha política y por virtud de sus influencias y su poder económico no han sido acusados ni juzgados. Este crimen permanece impune a pesar de que existen y se han presentado pruebas que incriminan directamente a personas que pertenecen a este sector.

Estamos conscientes de que autoridades federales que coordinaban las acciones con estos grupos de exilados cubanos también tienen responsabilidad en este crimen. El hecho de ser autoridades federales no puede ser razón para que actúen con impunidad en Puerto Rico. El asesinato es un crimen y los responsables deben pagar por esto, vengan de donde vengan o trabajen donde trabajen.

La secretaria Anabell Rodríguez se ha comprometido con esta familia a no titubear, de existir prueba suficiente en derecho, a la hora de acusar a los responsables ante los tribunales. Exhortamos al Departamento de Justicia a que haga valer las palabras de su secretaria.

Insistimos en que más allá del interés inmediato de identificar a los ejecutores, autores intelectuales y financieros de estos operativos político-criminales, el Estado también tiene la responsabilidad moral de investigar con detenimiento las conspiraciones para el encubrimiento de estos crímenes dentro y entre entes gubernamentales y privados de manera que se tomen las medidas necesarias para corregir lo ocurrido y prevenir su repetición.