Hace un año se gestó la creación de la Comisión Por la Verdad y la Justicia como una iniciativa ciudadana tras cumplirse otro aniversario del asesinato del joven Santiago (Chagui) Mari Pesquera sin que las autoridades hayan cumplido con su deber de encausar a los verdaderos autores de este asesinato político.

Este domingo 24 de marzo, cuando se honra la memoria de Chagui, acompañamos en el corazón a la familia Mari-Pesquera, que fielmente ha mantenido este peregrinaje de 26 años sin claudicar en su empeño por que se haga justicia. Al cabo de los primeros meses de nuestra gestión, en la Comisión le podemos decir a esta familia y otras que han perdido seres queridos en similares circunstancias, que nos sentimos satisfechos de haber consolidado nuestro esfuerzo por mantener viva la memoria del conjunto de víctimas de los asesinatos políticos en Puerto Rico y encaminarnos en la búsqueda de información para que en un futuro se haga justicia a las víctimas y se tomen medidas para que no se repita la historia.

En estos últimos meses hemos alertado a la opinión pública, publicado biografías, relatos y documentos a través de los medios masivos de comunicación y nuestro sitio en la red de Internet (www.verdadyjusticia.org), donde el público puede conocer mejor los casos con los que hemos comenzado a trabajar. Además, iniciamos comunicaciones con senadores y funcionarios gubernamentales y nos mantenemos como colaboradores de una investigación de la Comisión de lo Jurídico del Senado que está en progreso y esperamos rinda frutos pronto. Los coordinadores de la Comisión Por la Verdad y la Justicia nos sentimos
esperanzados ante el reconocimiento del Senado a la realidad de que en este país ocurrieron crímenes que llegaron hasta el asesinato con intención de descarrilar o manipular procesos sociales y políticos y así afectar el destino del país. Esto podría ser el primer paso hacia una verdadera reconciliación nacional.

No obstante, más allá del interés inmediato de identificar a los ejecutores, autores intelectuales y financieros de estos operativos político-criminales, el Estado también tiene la responsabilidad moral de investigar con detenimiento las conspiraciones para el encubrimiento de estos crímenes dentro y entre entes gubernamentales y privados de manera que se tomen las medidas necesarias, como legislación, para corregir lo ocurrido y prevenir
su repetición.

Hacemos un llamado a que toda persona que tenga alguna información sobre
estos crímenes, por más insignificante que le parezca, a que se comunique
con nosotros o con el Senado para ofrecerla y nos ayude así en nuestra
empresa.