Los coordinadores de la Comisión por la Verdad y la Justicia de Puerto Rico depusieron hoy durante una audiencia pública de la Comisión de lo Jurídico del Senado para exponer los trabajos que han realizado y la información recopilada en torno a los asesinatos políticos de Santiago Mari Pesquera (24 de marzo de 1976) y Carlos Muñiz Varela (30 de abril de 1979).

La Comisión por la Verdad y la Justicia es una iniciativa de familiares y amigos de víctimas de asesinato político que buscan el esclarecimiento de una serie de homicidios ocurridos durante las décadas los setenta y ochenta y el fin a la impunidad.

Estas son las primeras audiencias públicas legislativas que se efectuarán para investigar los crímenes de carácter político que continúan sin resolverse, en el marco de una investigación del Senado sobre sobre la participación, suministro e intercambio de información de las autoridades del gobierno de Puerto Rico en conjunto con agencias federales en la preparación de expedientes, fichas o cualquier método de recopilación de información sobre individuos, grupos y organizaciones por razones políticas e ideológicas.

Durante la audiencia los deponentes de la Comisión por la Verdad y la Justicia, Rosa Mari Pesquera, Raúl Álzaga y Leila Andreu - hablaron en detalle sobre los asesinatos de Mari Pesquera y Muñiz Varela. Además expusieron sus teorías sobre estos crímenes, el patrón que tienen en común entre sí y su relación a un esquema de persecución sistemática que desembocó en el asesinato.

En la introducción de las ponencias, se planteó que esta comisión ciudadana considera en momentos en que se habla tanto del terrorismo mundial, que en Puerto Rico ocurrieron unos asesinatos que constituyen actos de terrorismo que han quedado impunes por décadas gracias al encubrimiento protagonizado tanto por funcionarios públicos como individuos y organizaciones privadas. Varios gobiernos tuvieron en sus manos el poder y los recursos para descubrir la verdad y encausar a los culpables, pero no produjeron nada, ni si quiera remordimientos. No es posible construir un futuro social limpio sobre estas bases.