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Puerto Rico: ¿Cuándo llegará la justicia?

Por Raúl Ramos Irizarry

Publicado en rprogreso.com 21-27 de febrero de 2002

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico está enfrascada en la investigación de una serie de crímenes políticos‹los asesinatos de Carlos Muñiz Varela y Santiago "Chagui" Mari Pesquera entre ellos‹que han quedado impunes desde las décadas del 70 y el 80. Éstas son las buenas noticias.

Las malas noticias son, por supuesto, que tal investigación debía haberse realizado 20 años atrás, y que nada podrá excusar jamás el hecho de que se hayan barrido estos crímenes hasta esconderlos debajo de una sucia alfombra de indiferencia oficial‹o algo peor. Pero más vale tarde que nunca.

"Hay elementos de investigar las muertes del hijo de Juan Mari Brás, Santiago Mari Pesquera, y de Carlos Muñiz Varela, dueño de la agencia Viajes Varadero, y otros", ha afirmado el presidente de dicha comisión, Eudaldo Báez Galib, senador por el Partido Popular Democrático (PPD), actualmente en el poder.

Estos crímenes ya serían muy serios si se tratara solamente del tráfrico de influencias, negocios turbios y descarado robo que los políticos corruptos de la isla convirtieron en el pan nuestro de cada día. Pero de lo que estamos hablando aquí es de asesinatos políticos.

Como dijera recientemente Luis Fernando Coss, columnista del periódico El Nuevo Día, la decencia más elemental exige que, por lo menos, se examinen los atentados contra la vida, como lo hace ahora el Senado de Puerto Rico.

"Los asesinatos de Santiago Mari Pesquera y Carlos Muñiz Varela deben ser aclarados de una vez y para siempre", escribió Coss. Y añadió: "Las manos de los federales, la ultraderecha cubana exiliada y la Policía corrupta"Š son claramente visibles en estos casos.

¿Qué sabían los federales?

Precisamente, lo que el Senado está tratando de determinar es el alcance de la participación oficial‹por acción u omisión‹tanto federal como local, así como el papel de la ultraderecha cubana en Puerto Rico.

"El propósito de la investigación del Senado no es solucionar los asesinatos sino determinar si los federales estaban al tanto de ellos antes, durante y después de que se cometieran", señaló Raúl Álzaga Manresa, amigo y socio de negocios de Muñiz Varela. "Ellos quieren averiguar los nexos que pudieran haber existido entre las agencias de Puerto Rico dedicadas a aplicar las leyes y las federales, si las agencia federales estuvieron involucradas en los crímenes políticos y si pudieron haberlos evitado".

Es una tarea cuesta arriba, no sólo porque los crímenes se cometieron hace más de dos décadas sino porque Puerto Rico es una colonia norteamericana, lo cual hace cualquier investigación de esta naturaleza extremadamente difícil.

"El Senado de Puerto Rico no tiene jurisdicción sobre las agencias federales y no puede obligarlas a comparecer, por lo que tendrían que hacerlo voluntariamente", señaló Juan Dalmau, asesor legal del senador Fernando Martín, dirigente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y autor de la resolución aprobada por el Senado el 20 de junio del 2001 ordenando la investigación.

No obstante, Báez Galib parece estar decidido a seguir adelante.

"No me cabe duda de que las agencias federales serán llamadas a testificar en algún momento", añadió Dalmau. "Su incomparecencia traería preguntas sobre su papel en estos crímenes o al menos su falta de vountad para esclarecerlos".

Las víctimas

Muñiz Varela tenía siete años cuando salió de su Cuba nativa y se mudó a Puerto Rico. Tenía 25 el 28 de abril de 1979 cuando alguien lo acribilló a balazos en Guaynabo, Puerto Rico, mientras se dirigía a visitar a su madre. Al momento de su muerte su hijo Carlos tenía cinco años y su hija Yamaira sólo unos cuantos meses.

Era el presidente de Viajes Varadero, una agencia que en diciembre de 1978 comenzó a oganizar viajes a su país de origen para cubanos residentes en Puerto Rico. Tales actividades eran una espina clavada en el costado del sector más recalcitrante de la comunidad cubana expatriada, que se oponía encarnizadamente a toda clase de contactos con la otra isla, aquella en que habían nacido.

Tras 22 años, cientos de prometedoras pistas desperdiciadas y varias investigaciones abortadas no se ha acusado a nadie nadie por el asesinato de Muñiz Varela, aunque fuertes evidencias circunstanciales apuntan a cubanos de ultraderecha y policías corruptos puertorriqueños.

Mari Pesquera nació en Puerto Rico y tenía 23 años cuando fue secuestrado y asesinado. Su cuerpo se encontró el 24 de marzo de 1976.

Activo participante en el movimiento independentista, "Chagui" era hijo de Juan Mari Brás, fundador del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) y uno de los líderes más prominentes en la lucha contra la dominación norteamericana, quien era el candidato del PSP a la gobernación de Puerto Rico cuando su hijo fue asesinado.

Las amenazas de muerte no eran nada nuevo para la familia de Mari Pesquera, varios de cuyos miembros ya habían sido objeto de atentados contra sus vidas. Un hombre con problemas mentales llamado Henry Walter Coira Story, nacido en Cuba, fue arrestado, juzgado y convicto por la muerte de "Chagui". Sin embargo, muchos creen que no fue más que un instrumento de los verdaderos criminales.

"Los autores intelectuales de la muerte de ŒChagui¹ nunca han sido encausados", ha dicho su hermana, Rosa Mari Pesquera.

La Comisión por la Verdad y la Justicia

La convicción de que la incapacidad o la falta de voluntad de las autoridades para encausar a los criminales había impedido que se hiciera justicia impulsó a Rosa Mari Pesquera, Raúl Álzaga Manresa y la ex presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Leila Andreu, a formar la Comisión por la Verdad y la Justicia, conjuntamente con otros familiares y amigos de víctimas de crímenes políticos. Su propósito: Hacer todo lo humanamente posible para que se encause a los asesinos.

La comisión comenzó el año pasado recopilando la información dispersa que los amigos y familiares de las víctimas‹ocho en total‹habían recogido por su propia iniciativa. La idea era conseguir que por primera vez se mirara a estos crímenes de forma integral para que se investigaran no como asesinatos aislados sino como parte de un patrón de persecución política en el que las autoridades de Puerto Rico, varias agencias federales y grupos de exiliados cubanos habían tenido una trágica participación.

"Yo como periodista que estaba cubriendo muchos de estos casos, veía un patrón", recuerda Andreu. "Y pensé que si se planteaba de esa manera, era mucho más grave que asesinatos aislados".

En diciembre del año pasado los miembros de la comisión se reunieron con Martín y Báez Galib. "Les dijimos lo que queríamos hacer", dijo Andreu. "Y llegaron a la conclusión de que nosotros sabíamos más que ellos sobre los asesinatos".

El 23 de enero de este año la Comisión de lo Jurídico sostuvo su primera vista pública en la que Andreu, Mari Pesquera y Álzaga Manresa testificaron acerca de la información que poseían sobre los asesinatos de Mari Pesquera y Muñiz Varela, los primeros dos casos que se están investigando. Entre los nombres mencionados por ellos como de los posibles asesinos y sus cómplices figuraba prominentemente el de un comerciante cubano en Puerto Rico de conocidas tendencias extremistas, quien se considera el principal sospechoso en la muerte de Muñiz Varela.

Amenazas a un fiscal

Increíblemente, a pesar de los años transcurridos, los asesinos todavía utilizan la intimidación, que tan buenos resultados les dio en el pasado, para tratar de escapar a la justicia. Durante la vista, y respondiendo a una pregunta de Martín, Álzaga Manresa reveló que José Virella, el fiscal encargado de investigar las muertes de Mari Pesquera y Muñiz Varela, había sido amenazado.

"Si en estos precisos momentos", apuntó Álzaga Manresa, "el fiscal encargado de estos dos casos recibe insinuaciones o amenazas, imagínense los mensajes que pudieron haber recibido hace 10 ó 15 años los que investigaron".

Aunque ésta es la primera indagación a nivel político de los posibles vínculos entre casos específicos y agencias federales, hubo investigaciones anteriores que no lograron esclarecer los asesinatos de Muñiz Varela y Mari Pesquera.

Por ejemplo, en 1992, durante la investigación del Comité de lo Jurídico sobre el encubrimiento de los infames asesinatos ocurridos en el Cerro Maravilla en 1978, el Senado escuchó lo que se ha descrito como testimonio creíble y concreto sobre el asesinato de Muñiz Varela. Pero éste nunca se hizo público.

El Departamento de Justicia y el mismo Senado, que había pasado a manos de los anexionistas del Partido Nuevo Progresista, ignoraron durante 10 años la nueva evidencia. Evidentemente abrigaban la no tan secreta esperanza de que la misma se olvidara o desapareciera.

El pueblo ya no cree en cuentos

Con ese historial de investigaciones fracasadas, ¿por qué habría de ser exitosa esta nueva indagación tantos años después de los asesinatos? Por un lado, según miembros de la Comisión por la Verdad y la Justicia, hoy el ambiente en Puerto Rico es más favorable. Desde que la investigación del Cerro Maravilla descubriera en 1984 que seis años atrás la policía de Puerto Rico había emboscado y asesinado a mansalva a dos estudiantes universitarios, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví, el pueblo puertorriqueño ya no es tan ingenuo.

"Después del despertar del pueblo durante las investigaciones sobre el Cerro Maravilla, que arrojó mucha luz sobre el papel de los federales, la gente ya no se traga los cuentos", dijo Andreu
"Todo el mundo sabe que aquí algo se tapó y que estos crímenes son políticos. Además, hay una voluntad por parte de Báez Galib de tomar el asunto".

Otro aspecto que señaló Álzaga Manresa es que los elementos más recalcitrantes de la comunidad cubana en Puerto Rico han perdido fuerza e influencia. "Las nuevas generaciones políticas ya no tienen compromisos con ellos", dijo.

Por su parte, Dalmau afirmó que Martín desea que la investigación se mueva lo más rápidamente posible. "No queremos que se vuelvan a arrastrar los pies como sucedió en el pasado tanto bajo administraciones PNP (anexionistas) como PPD (autonomistas)".

Se dice que la justicia tarda pero llega. Ojalá que así sea para que, al fin, puedan sanar algunas de las heridas del pueblo puertorriqueño.

Raúl Ramos Irizarry es un escritor independiente.

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