Nació en San Juan, hijo del escritor y profesor Pedro Juan Soto y Rosa Arriví. Tenía 18 años cuando junto con Arnaldo Darío Rosado murió víctima de un operativo policiaco en el Cerro Maravilla de Villalba el 25 de julio de 1978.

Quique, como le llamaban su hermano mayor Roberto Alfonso y su hermano menor Juan Manuel desde niños, o Quico, como le decían sus amigos y compañeros, era un joven talentoso, cariñoso y con don de gente, que se ganaba fácilmente el cariño de todos los que lo conocían. Era un estudiante destacado que amaba la literatura, escribía cuentos y le gustaba leer de diversos temas. Su maestro de Historia y Estudios Sociales decía que era el más destacado en su clase. Para Carlos Enrique y su familia fue un evento importante en su vida cuando se ganó el segundo premio en un concurso nacional de cuentos del Departamento de Instrucción. También tenía mucha facilidad para aprender idiomas. Mientras su padre y su madre de crianza, la profesora y escritora Carmen Lugo Fillipi, completaban estudios doctorales en Francia y España, Carlos Enrique aprendió francés en un año y se integró fácilmente en las escuelas española y francesa.

Cuando regresó de Europa continuó sus estudios en la Escuela Superior República de Colombia, en Río Piedras, pero en grados inferiores porque el Departamento de Instrucción no le convalidó los dos años de estudios anteriores, por eso cursaba el tercer año de secundaria cuando tenía 18 años.

Aunque comenzó a preocuparse por los problemas sociales desde temprano, su activismo político formal comenzó cuando ingresó a la Federación de Estudiantes Pro Independencia (FEPI) en la escuela superior.

En el libro "Tramo Ancla", una colección de ensayos de escritores de la década del 70, Lugo Fillipi le dedicó su trabajo destacando que a tan corta edad al morir, había logrado el proverbio árabe de lo que un hombre debe hacer antes de morir: Sembrar un árbol, que lo hizo con su padre en el campo de Naranjito; escribir un libro, en este caso un cuento, y tener un hijo, que a pesar de no llegar a ser de carne propia tuvo millones de hijos en sus compatriotas puertorriqueños.

Soto Arriví tenía 18 años cuando fue conducido a una torre de televisión en el Cerro Maravilla para cumplir un plan del agente encubierto de la policía Alejandro González Malavé. Cuando llegaron los estaba esperando un fuerte contingente policiaco, que los emboscaron y asesinaron a mansalva, después de rendirse y estando de rodillas. El gobierno de Carlos Romero Barceló de inmediato exoneró de culpa a los policías y los declaró héroes alegando que actuaron en defensa propia ante un ataque terrorista. El Departamento de Justicia validó la versión oficial, pero la opinión pública adversa y la persistente investigación del periódico
The San Juan Star llevó al Senado (controlado por la oposición política) a realizar su propia investigación (1981-84) y descubrió el doble asesinato, planificado y encubierto por las autoridades.

La figura clave y esencial en el descubrimiento de la verdad fue el chofer de carro público Julio Ortiz Molina, cuyo vehículo fue secuestrado por González Malavé para llevarlos al Cerro Maravilla. Ortiz Molina declaró que fue presionado a mentir por las autoridades y su testimonio contradijo la versión oficial.

A consecuencia de la pesquisa senatorial, los fiscales del Departamento de Justicia que realizaron las investigaciones oficiales fueron acusados y desaforados como abogados, unos por varios años otros perdieron sus licencias para siempre. La mayoría de los policías que participaron del operativo fueron convictos de perjurio en el tribunal federal por mentir en la investigación y condenados por asesinato en segundo grado en el Tribunal Superior puertorriqueño conforme a la evidencia recopilada por el Senado y la Oficina del Fiscal Especial Independiente.

El Senado realizó una segunda investigación (1990-1992) sobre la planificación de los crímenes, que arrojó información sustancial sobre la existencia de escuadrones de la muerte en la Policía, la fabricación de actos terroristas, la política pública de "escarmiento" al independentismo y los planes operacionales de represión a esa ideología y el papel que tuvo
Estados Unidos a través de su Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Con un nuevo cambio de gobierno, el Senado controlado por el Partido Nuevo Progresista intentó (1993-1998) probar la inocencia de los policías convictos con una tercera pesquisa sobre las dos investigaciones senatoriales anteriores.

En diciembre de 2000 surgió de una investigación del periódico Primera Hora que un grupo de los policías convictos fue excarcelado ilegalmente cuando recibió trato preferencial de la Administración de Corrección al convalidarles tiempo servido por sus sentencias federales en contradicción al dictamen judicial del caso de asesinato. Tras una investigación y revisión judicial, los ex policías fueron devueltos a la cárcel para extinguir sus condenas después de haber gozado de una libertad a la que no tenían derecho.

Al día de hoy, a pesar de que se sabe quiénes alaron los gatillos, quedan interrogantes sobre los autores intelectuales y el rol que jugó el FBI y otras instancias federales.