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23 de enero de 2002
Ponencia sobre el caso del asesinato de Carlos Muñiz Varela
Por Raúl Álzaga


Hon. Eudaldo Báez Galib
Presidente
Comisión de lo Jurídico del
Senado de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

Honorables Senadores y Senadoras integrantes de esta Comisión:

Antes que nada nuestro agradecimiento personal, así como de los amigos y familiares de Carlos Muñíz Varela por esta iniciativa tomada por la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico al permitirnos testificar ante este Foro.

Es nuestro interés compartir con ustedes la descripción de importantes elementos que rodean el asesinato de nuestro compañero Carlos Muñiz Varela y proveerles datos y documentos que permitan profundizar el trabajo de investigación que se ha propuesto esta Comisión a tenor con lo establecido en la Resolución del Senado 206 del 5 de marzo de 2001.

Para el año 1979 ocurrían en las comunidades cubanas en Puerto Rico y Estados Unidos dramáticos cambios que afectarían y afectan aún hoy día el desarrollo y comportamiento de esas comunidades. Desde los años de 1974-1979, bajo la administración del ex Presidente de Estados Unidos James Carter algunos jóvenes dentro del exilio cubano venían promoviendo, junto al gobierno cubano y el gobierno norteamericano, el acercamiento entre dichos países en general y entre la comunidad cubana en particular. Este proceso llevó inicialmente a la liberación de 3,500 presos en cárceles cubanas y su eventual traslado a Estados Unidos a la par que se operó una mayor apertura en dicho país que trajo como resultado inmediato que decenas de miles de cubanos residentes en el exterior pudieran viajar a su país.


Todo este proceso, fue visto como positivo por muchos sectores del exilio cubano pero tropezó con la oposicion de todas las organizaciones de derecha del exilio cubano que promovían entonces, una politica beligerante y hostil hacia Cuba y su Gobierno. Ellos se adjudicaban la representación legítima del sentir del exilio y las comunidades cubanas.

En solo un año, de un total estimado de 1 millón de cubanos exiliados en Estados Unidos, alrededor de 100,000 personas viajaron a Cuba en busca de un nuevo encuentro con los familares que habían dejado atrás años antes. Los viajes de la comunidad cubana en Estados Unidos hacia Cuba desde Estados Unidos se produjeron aún a pesar de decenas de atentados terroristas y asesinatos a personas e instituciones que apoyaban este proceso, comúnmente conocido como "El Diálogo".

En el caso de Puerto Rico unas 5,000 personas visitaron a sus familiares de una
población estimada para aquella época de unos 22,000 cubanos, lo que representa una proporción aún mayor de visitantes a Cuba que la que viajó desde Estados Unidos.

En Puerto Rico un joven nacido en Cuba, que llogo a Puerto Rico como parte de la operación "Peter Pan" a la edad de 7 años, operación ésta articulada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos con el apoyo de la Iglesia Católica, donde unos catorce mil niños y niñas cubanos fueron separados de sus padres y enviados hacia Estados Unidos, fue precisamente a ese jóven al que le correspondió el trabajo de propiciar los viajes a Cuba.

Graduado de la Escuela Superior Margarita Janer de Guaynabo y con dos años de estudios en la Universidad de Puerto Rico, Carlos se destacó por su participación en las luchas estudiantiles de aquella época. Fue dirigente de la Juventud Independentista Universitaria (JIU) en el Recinto de Río Piedras y del Comité del P.I.P. en el municipio de Guaynabo. En ambas instancias organizativas estuvo vinculado estrechamente a la coordinación del trabajo obrero y sindical de ambas organizaciones. Posteriormente fue fundador del Movimiento Socialista Popular en 1973 y luego pasó a militar en el Partido Socialista Puertorriqueño.

Desde el año 1974 Carlos se había vinculado al movimiento de jóvenes cubanos agrupados alrededor de la Revista Areito y la Brigada Antonio Maceo. Esto le permitió viajar en 3 ocasiones a Cuba facilitándole poder relacionarse con otras personas que tanto en Cuba como en Estados Unidos venían trabajando un proyecto común de acercamiento en- tre las comunidades cubanas en Cuba y en el exterior.


Como era de esperarse las dos principales publicaciones del exilio cubano en Puerto Rico, el semanario " Réplica" y muy en particular el semanario "Crónica", éste último surgido de una división dentro del semanario "Réplica" pero no muy diferente desde el punto de vista de sus enfoques ideológicos, desataron una violenta campaña de amenazas y descrédito contra las gestiones desarrolladas por Carlos. Esta campaña verbal fue acompañada de una serie de atentados con explosivos contra las oficinas desde las cuales se llevaba a cabo el trabajo de promoción de viajes hacia Cuba . Así, en la portada del semanario "Crónica" del 14 noviembre de 1978 un alegado "Comandante Z" expresaba "Dinamita: único idioma con el que vamos a dialogar" (Exhibit 1).

En la madrugada del 4 de enero de 1979 detonó la primera bomba contra Viajes Varadero, nombre que se le había dado a una pequeña oficina en la Avenida Roosevelt que contaba con un escritorio, un archivo y unas 10 sillas y que se utilizaba como local para organizar los viajes a Cuba (Exhibit 2).

El 28 de abril de 1979 fue asesinado Carlos Muñiz Varela mientras se dirigía a visitar a su señora madre (Exhibit 3). El 26 de julio del mismo año, un segundo artefacto explosivo era colocado nuevamente en nuestras facilidades (Exhibit 4). Por último el 19 de enero de 1980 un tercer artefacto detonaba en Viajes Varadero (Exhibit 5).

El 7 de enero de 1980 se colocó un artefacto explosivo en el Colegio de Abogados por el cual fueron acusados el 25 de enero el vocero de la Marina de Guerra de Estados Unidos en la Base Naval de Roosevelt Roads el Teniente Alex La Zerda, el armero viequense Roberto López González y el cubano René Fernández del Valle. Es curioso señalar que luego de esos arrestos los atentados dinamiteros contra Viajes Varadero dejaron de ocurrir (Exhibit 6).

No tenemos duda alguna que el asesinato de Carlos, las bombas contra Viajes Varadero, así como otros asesinatos y decenas de bombas colocadas en Estados Unidos iban dirigidos a sabotear el proceso de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.

Con los elementos que hoy poseemos podemos afirmar que las condiciones prevalecientes entonces dificultaban en aquella época esclarecer el asesinato de Carlos. Hoy existe un nuevo contexto en el país que favorece un curso de acción diferente.

Señor Presidente de esta Honorable Comisión permítame en estos momentos consignar en el récord quiénes intervinieron en la investigación sobre la muerte de Carlos Muñíz Varela para que vea el por qué hacemos nuestra afirmación:

1.
Fiscal Pedro Colton Fontán - Jefe División Investigación del Departamento de Justicia. (Exhibit 7)
2.
Coronel Miguel Rivera - Director Negociado Investigaciones Criminales. (Exhibit 8)
3.
Lic. Ángel Figueroa Vivas - Director Negociado Investigaciones. (Exhibit 9)
4.
El Patólogo Forense Doctor Rafael Criado, quien estuvo a cargo de la Autopsia.
5.
Los Agentes del entonces Cuerpo de Investigacines Criminales (CIC) de apellidos Ojeda y Vieta.
6.
El Agente del C.I.C. Luis Ramos Grateroles, quien fuera responsable de recuperar el carro de Carlos Muñiz Varela, luego que la propia Policía rompiera la escena del crimen.
7.
El Agente Emeterio Ortiz , que fue la persona que me entregó personalmente los plomos recogidos en la escena del crimen.
8.
El Agente Jorge Muñiz, quien es la persona que le comunicó a la hermana de Carlos que había que esperar a que mataran a otro para ver si se podía esclarecer dicho asesinato.

Durante ese primer año sostuvimos relaciones con los Agentes del F.B.I. Patrick Laflin, Stward Hoytd, Agente Ortiz y Steven Brown. Participamos, además, en una delegación de cubanos residentes en Estados Unidos que ante la ola terrorista en nuestras comunidades, visitamos las oficinas centrales del F..B.I. en Washington D.C. y del Departamento de Justicia, Sección de Derechos Civiles. Incluso organizamos una campaña de tarjetas al entonces Secretario de Justicia Benjamin Civiletti (Exhibit 10).

Recientemente obtuve mi carpeta del F.B.I. que cubre el período del 1973 - 1993.
Para mi asombro descubrí que en vez de estar investigando el asesinato de Carlos Muñiz Varela, lo que hacían era llevando a cabo una invstigación sobre mi persona.

Fue realmente a partir del arresto del ex-coronel de la Policía de Puerto Rico, Alejo Maldonado como resultado del secuestro del hijo del joyero Consuegra en 1982, cuando empezamos a obtener evidencia sobre los posibles participantes en el asesinato de Carlos. La primera sospecha surgió cuando el comerciante cubano y miembro de la directiva del semanario "La Crónica", Julio Labatud, aportó $215,000 de los $250,000 impuestos como fianza al Coronel Alejo Maldonado (Exhibit 11).

En marzo de 1984 los periodistas Tato Ramos del Periódico El Mundo y Tomás Stella del Periódico The San Juan Star entrevistan en un apartamento de Bayamón a los oficiales policiacos Julio César Andrades y Ernesto Gil Arzola. El resultado de dicha entrevistas se recoge en dos artículos publicados en los periódicos "San Juan Star" y "El Mundo" de fechas 1 de abril y 4 de abril respectivamente, de 1984. ( Exhibit 12(a) y 12 (b) ). En ambas entrevistas se habla de la participación de Alejo Maldonado y los llamados "Amigos de la Democracia" en el asesinato de Carlos Muñiz Varela. En esa ocasión mencionan el nombre de Julio Labatud como persona implicada en dichos hechos.

A raíz de dicha información inmediatamente solicitamos entrevista con el F.B.I. Interesábamos hacerles saber que nosotros sabíamos que ya ellos habían recibido información relevante al caso de Carlos por la vía de oficiales corruptos. Ya de antemano sabíamos que agentes de dicho Negociado habían interrogado testigos relacionados con los hechos e incluso levantado evidencia del caso, así como elaborado un boceto hecho a base de información provista por un testigo ocular. En el FBI nos entrevistamos con el Agente Steve Brown. Le hicimos saber que apenas faltaban unas semanas para que su jurisdicción en el caso (violación de derechos civiles) prescribiera; que si ellos no intervenían en ese momento, nada se haría sobre el asunto. Así fue, nada hicieron y hasta hoy nada han hecho. Es importante destacar que en la carpeta que el FBI levantó sobre mi persona y que fuera obtenida al amparo del FOIA, no aparece ningún informe de dicha reunión.

Quisiéramos hacer un paréntesis en la narración, si nos lo permite el tiempo, para volver al 1982. Entonces habían venido ocurriendo eventos paralelos que han tenido una relación posterior con los hechos con el pasar de los años. Es entonces cuando empiezan a surgir las primeras informaciones reales sobre los posibles participantes del asesinato de Carlos. Para ese año llega a Puerto Rico para dirigir, junto a Gloria Gil, el semanario "La Crónica" el Sr. Antonio De La Cova, el cual se encontraba cumpliendo una sentencia de 15 años por actividades terroristas en la ciudad de Miami. Este señor salió en libertad bajo palabra gracias a las gestiones, entre otros, del Ex-Senador Sr. Freddy Valentín y del Ex-Senador Sr. Nicolás Nogueras (Exhibit 13-a y 13-b). Este último señor ha sido señalado públicamente en diferentes ocasiones como el "padrino" de estos grupos y como parte del esquema de encubrimiento del asesinato. (Exhibit 14).

Antonio De La Cova se dedicó desde su llegada hasta 1991 a escribir artículos que tenían el propósito de intimidar, hostigar y tergiversar los hechos relacionados con Carlos. En 1985 obtuvo ilegalmente de manos del Director de Instituto de Ciencias Forenses, entonces adscrito a la Universidad de Puerto Rico, el Dr. Rafael Criado, las fotos tomadas durante la autopsia de Carlos. Las fotos obtenidas por el Sr. De la Cova fueron publicadas varias veces en el semanario "La Crónica".

Como resultado de esto los familiares de Carlos Muñíz Varela, específicamente su viuda e hijos, procedieron a radicar una acción civil donde se solicitaban remedios interdictales y daños y perjuicios ante el entonces Tribunal Superior de San Juan, Sala del Juez Peter Ortiz. Logramos dicho interdicto, el cual estuvo en vigor hasta el año pasado. En dicha ocasión el Tribunal Supremo falló en contra en cuanto al remedio interdictal que prohibía la reproducción de las fotos de la autopsia de Carlos y dejó abierto el camino a la continuación de una acción en daños contra los demandados. Como resultado de ello, eventualmente el caso terminó al ser pagada a la viuda y sus hijos una compensación económica por los daños ocasionados.

En 1987, a raíz de la información relacionada con el "pleito de las carpetas" llevado por el Representante David Noriega, a través del semanario "La Crónica"comienza a circularse unas llamadas "listas" de "cubanos terroristas" y de "independentistas separatistas y subversivos" donde aparece vinculado a dicha información el ex agente de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico William Colón. De acuerdo al juicio evaluativo de algunos, esto formó parte de un operativo "de inteligencia"para desviar la atención del país y evitar el posible desmantelamiento de la División de Inteligencia de la Policía.

En aquel entonces la Comisión de Derechos Civiles que dirigía el Lic. Enrique "El Chino" González, había iniciado un proceso de investigación sobre las razones ideológicas de la persecución del independentismo en Puerto Rico que incluyó las actividades de los sectores de derecha de exilio cubano en Puerto Rico, particularmente las actividades del Sr. De la Cova. Este fue citado a comparecer a las vistas. Unos años después abandonaría la Isla. Se ha indicado que su abogado para esa fecha, el Lic. Guillermo Toledo Niebla, quien ha sido y es todavía al presente un activista anti-castrista en Puerto Rico, se percató que el Sr. De La Cova era un informante del F.B.I.

En agosto de 1985 la entonces Fiscal Crisanta Rodríguez preparó lo que podría ser el primer informe evaluativo sobre el caso. Ya para entonces habían pasado 6 años desde la muerte de Carlos. En dicho informe, que nunca lo hemos visto, pero que por vía de funcionarios del Departamento de Justicia con los cuales hemos dialogado, éstos nos indican que el informe apuntan a una negligencia crasa por parte de la Policía en cuanto a la investigación que fue realizada.


Es para 1986, cuando empiezan los juicios en el Tribunal Federal contra los Policías de la ganga del ex-Coronel Alejo Maldonado, que se logra obtener las primeras formas 302 que utiliza el F.B.I. para recoger las declaraciones de los acusados y/o entrevistados a los cuales se les podría conceder alguna negociación en sus cargos criminales. De estas surge información que vincula al principal sospechoso del asesinato de Carlos Muñíz Varela, Julio Labatud, con actividades delictivas (Exhibit 15). De hecho, en otros documentos a los cuales nos referiremos más adelante, también surge importante información relacionada a ésto. Tampoco en esta ocasión se tomó acción alguna dirigida a completar la investigación sobre la muerte de Carlos.

El 19 de febrero de 1986 el ex- agente de la División de Homicidios del C.I.C. Luis Ramos Grataroles negoció con el Departamento de Justicia de Puerto Rico un acuerdo para esclarecer varios asesinatos donde él ha participado e incluye el caso de Carlos (Exhibit 16). a cambio de un mejor tratamiento en cuanto a los casos pendientes en su contra por actividades delictivas en la jurisdicción de Puerto Rico. Tampoco en esta ocasión se hizo algo afirmativo.

En el año 1987 el Periodista José Estevez y el Analista Político Juan Manuel García Passalacqua entrevistan por separado al ex-Coronel Alejo Maldonado en la Cárcel de Butner, Carolina del Norte. De ambas entrevistas existen videos ya que las mismas fueron transmitidas por televisión. A ambos le confesó haber recibido un ofrecimiento de $25,000 para asesinar a Carlos Muñiz por el comerciante Julio Labatud. Y que éste le comentó posteriormente a los hechos que los asesinos se encontraban a salvo. Esta información venía a corroborar la dada por los periodistas Tomás Stella y Tato Ramos por los policías Ernesto Gil Arzola y Julio César Andrades en 1984. Tampoco nada ocurrió luego de estas declaraciones.

Con posterioridad al desmantelamiento de la División de Inteligencia de la Policía, se inició el proceso de entrega de "Las Carpetas". El Centro para la Disposición de Documentos nos informó para el año 1993 que existe una carpeta de Carlos Muñiz con el #7916 pero que todo parece que fue destruida (Exhibit 17). Buscando documentos de Carlos, por vía de otras carpetas, descubrimos para nuestro asombro que 4 días antes de su asesinato el 24 de abril de 1979 la División de Inteligencia había iniciado una investigación sobre Carlos que concluye el 1 de mayo con su entierro (Exhibit 18).

En los años 1991 y 1992 la Comisión de lo Jurídico del Senado entrevistó a varios oficiales policiacos, como parte de su investigación del encubrimiento de los hechos del Cerro Maravilla. En dichas entrevistas salió de nuevo información sobre el asesinato de Carlos. En esta ocasión con algunos datos más precisos. Los entrevistados fueron el ex-policía Ernesto Gil Arzola (Exhibit 19) y el dueño de Funeraria de Caguas Juan "Payo" Fuentes Santiago (Exhibit 20). Este último aportó nueva evidencia al señalar que él le había dado vigilancia a Carlos y había quemado uno de los vehículos utilizados en el asesinato. Indicó que toda esa se información y evidencia se encontraba en manos del F.B.I.


Estas últimas declaraciones bajo juramento y luego de pasar el polígrafo, permanecieron durante los últimos 10 años en una oficina del Senado. El Departamento de Justicia no poseía copia de dichos documentos hasta que hace unos meses le entregamos dichos documentos.

Recientemente el Lic. Juan Manuel García Passalacqua y el Lic. Edgardo Pérez Viera publicaron un libro titulado " El Juicio de la Historia: Contrainsurgencia y Asesinato Político en Puerto Rico". En su capítulo IV (Exhibit 21), abundan sobre evidencia de que existieron para la década de 70 escuadrones de la muerte en Puerto Rico con el apoyo de sectores policiacos, agencias federales y grupos de exiliados cubanos.

Es nuestra opinión que a lo largo de estos 23 años ha existido un patrón de encubrimiento y de falta de voluntad política para esclarecer el caso de Carlos Muñíz Varela y otros que discutimos en el día de hoy.

La indolencia, tolerancia, complicidad o participación en algún grado de las agencias federales en dicho encubrimiento se hace obvio para nosotros. ¿ Cómo es posible que altos oficiales de la Policía de Puerto Rico hubieran tenido información previa de que se planifica un asesinato y no lo evitaron? ¿ Cómo es posible que tuvieran información posterior a los hechos y no hubieran contribuido a esclarecerlo?

El principal sospechoso de los hechos parece tener completa inmunidad e impunidad de parte de las autoridades federales. Hemos pensado que de la misma forma que en el caso del Sr. Antonio De La Cova se pudo saber que era informante del F.B.I. ¿por qué no pensar lo mismo del señor Labatud? ¡Quién sabe si es un protegido de alguna otra agencia federal! Esto puede explicar la impunidad e inmunidad a la cual nos hemos referido..

Respetables integrantes de esta Honorable Comisión de los Jurídico del Senado, apreciamos enormente es esfuerzo de ustedes en esta investigación. A los fines de que se profundice en los hechos que aquí relatamos solicitamos de ustedes que a partir de los poderes que le confiere la ley y la Resolución 206 del Senado de fecha 5 de marzo de 2001, solicite e investigue los siguientes ángulos:

1.
Que se le solicite al F.B.I. bajo el "Freedom of Information Act" las Formas 302 donde se mencione información en torno al asesinato de Carlos Muñiz Varela de las siguientes personas. Para ello sugerimos se investigue los testimonios prestados por las siguentes personas: Alejo Maldonado Medina, Julio César Andrades, Luis Ramos Grateroles, Luis Gómez Ferreiro, "Chichi" Derieux, Carlos Zamalot y Juan "Payo" Fuentes Santiago.
2.
Que se le solicite al F.B.I. bajo el F.O.A. las carpetas que tengan del Sr. Lulio Labatud, José "Pepe" Canosa, Waldo Pimentel, José Dionisio Suárez Ezquivel, Pedro Crispín Remón, Gloria Gil, Antonio De La Cova González-Abreu, Reynold Rodríguez, René Fernández Del Valle, Alex De La Zerda, Roberto López González. Que se solicite al Tribunal Federal el expediente del juicioContra estas ultimas tres personas por la bomba colocada al Colegio de Abogado. Que se solicite al F.B.I. la Carpeta que se tenga del Marshall Lopez.
3.
Que se cite acomparecer y declarar bajo juramento ante esta Honorable Comisión, ya sea en sesión ejecutiva o pública, a las siguientes personas: Alejo Maldonado, Luis Ramos Grateroles, Julio César Andrades, Ernesto Gil Arzola, Juan "Payo" Fuentes Santiago, los agentes del CIC Ojeda y Vieta, el ex-agente Jorge Muñiz, el ex-agente Emeterio Ortiz, a los ex-Agentes de la División de Inteligencia Aníbal Maldonado (27790), Víctor Monzón (9-5110) y Jorge Soto (7202), al ex-coronel Miguel Rivera, al ex-Director de Seguridad General José A.M. Nolla, al ex-Director de la División de Explosivo Coronel Jesús M. García, al ex-Agente de la C.I.A. Lic. Ignacio Rivera, a la Lic. Crisanta Rodríguez, al ex-Fiscal Federico Quiñones Artau y al Lic. Edgardo Pérez Viera.
Por último y a nombre de los familiares y amigos de Carlos Muñiz Varela desaeamos agradecerles de antemano cualquier gestión que nos ayude a lograr la verdad y la justicia de éste y otros casos.


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