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23 de enero de 2002

Ponencia de la Comisión por la Verdad y la Justicia

Por Leila Andreu


Hon. Eudaldo Báez Galib
Presidente
Comisión de lo Jurídico
Senado de Puerto Rico


Comparecemos los coordinadores de la Comisión por la Verdad y la Justicia de Puerto Rico, una iniciativa ciudadana que busca poner fin a la impunidad de los asesinatos políticos en este país. A continuación esta servidora hará una exposición de lo que es la Comisión por la Verdad, sus propósitos y teoría, y continuarán Rosa Mari Pesquera y Raúl Álzaga con los detalles de los dos primeros casos que interesa esta pesquisa senatorial, incluyendo gestiones que se hicieron para encausar a los culpables y nuestras aproximaciones a lo que pudo haber ocurrido. Agradecemos y felicitamos al Senado por tomarse esta iniciativa de celebrar las primeras audiencias públicas legislativas para investigar una serie de crímenes de carácter político que continúan sin solución en su totalidad. El propósito de esta iniciativa ciudadana es eesclarecer por completo los asesinatos políticos cometidos por individuos apoyados o dirigidos por instituciones del gobierno, como la Policía de Puerto Rico, el FBI y el espionaje militar, incluyendo la Inteligencia Naval de Roosevelt Roads; desenmascarar todo el encubrimiento político e institucional desarrollado por décadas para proteger a los culpables y crear conciencia sobre la atrocidad de los asesinatos políticos y la necesidad de que nunca, jamás, vuelvan a ocurrir.

Para lograr esto, nos hemos dedicado a tres tareas principales:
La recopilación de información utilizando nuestros propios recursos en busca de desentrañar la verdad, incluyendo el solicitar documentos a instituciones oficiales.
Divulgar nuestra agenda y desarrollo del trabajo en Puerto Rico y el exterior, incluyendo someter nuestros hallazgos a las autoridades competentes.
Utilizar recursos legales de ser necesario para obtener documentos e información.

Hemos confeccionado un sitio en la red de Internet para exponer los casos y se encuentra en la dirección www.verdadyjusticia.org, además de contar con las direcciones electrónicas comision@verdadyjusticia.org e investiga@verdadyjusticia.org, y la dirección postal PMB 486, Ave. De Diego #89 Suite 105, San Juan, Puerto Rico 00927-6346, para recibir información de aquellos ciudadanos que quieran cooperar ya sea en la tarea de recopilación de información o proveyendo evidencia.

La creación de esta comisión se gestó en un conversatorio que convocó Juan Mari Brás en marzo del año pasado, en ocasión de conmemorarse otro aniversario de la muerte de su hijo. Como una iniciativa de familiares y amigos de las víctimas, se anunció públicamente la creación de esta Comisión el 13 de noviembre de 2001 en un esfuerzo conjunto de lo que hasta entonces había sido gestiones individuales de familiares frustrados por la inacción
de las autoridades en encausar a los culpables.

Hemos estado coordinando este trabajo Rosa Mari Pesquera, Raúl Álzaga, Carlos Muñiz Pérez, César Francisco Torres, Leila Andreu y Jorge Plard, que son familiares y amigos de los asesinados Santiago Mari Pesquera, Carlos Muñiz, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Enrique Soto Arriví. Colaboran en este esfuerzo con su expertise el profesor Javier Colón Morera, el investigador social Ramón Bosque Pérez, del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, Nueva York, y el Lic. Edgardo Pérez Viera, entre otros.

El consenso de las personas que apoyan esta iniciativa es que nuestra sociedad debe reconocer públicamente el carácter político de una serie asesinatos ocurridos en Puerto Rico en las décadas del 70 y 80 de manera que el país pueda tomar control de su destino de una forma informada y conciente.

Esta Comisión considera que en momentos en que se habla tanto del terrorismo mundial, en Puerto Rico ocurrieron unos asesinatos que constituyen actos de terrorismo que todavía están impunes gracias al encubrimiento protagonizado tanto por funcionarios y figuras públicas, como individuos y organizaciones privadas, puertorriqueños y extranjeros.

Varios gobiernos tuvieron en sus manos el poder y los recursos para descubrir la verdad y encausar a los culpables, pero no produjeron nada, ni siquiera remordimientos. No tienen excusa por el daño que han causado, por acción u omisión. No es posible construir un futuro social limpio sobre las bases del engaño.

El caso del Cerro Maravilla ayudó a abrirle los ojos a este pueblo sobre la terrible verdad detrás de los asesinatos políticos y su complejidad, pero quedaron muchos cabos sueltos, como cuál fue la participación de los federales y otras conocidas figuras de este país, cuánto conocían de antemano y después de los hechos, y cuántas oportunidades tuvieron de evitar lo sucedido o al menos promover que se conociera la verdad después de los hechos.

Nosotros queremos que el Senado termine lo que comenzó. Queremos saber la verdad, sea cual fuere, para así acabar con la persecución política y sus instrumentos de secuestro, tortura y asesinato.

Con agrado encontramos que la encomienda de esta comisión senatorial es cónsona con nuestro trabajo en lo que se refiere al investigar la explosión de una bomba en Mayagüez el 11 de enero de 1975, los asesinatos de Santiago Mari Pesquera, hijo del líder independentista Juan Mari Brás; de Carlos Muñiz Varela, director de Viajes Varadero; del líder obrero Juan Rafael Caballero el 13 de octubre de 1977 y de los jóvenes Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla, así como el supuesto suicidio de Ángel Rodríguez Cristóbal el 11 de noviembre de 1979 en una cárcel federal de Florida después de ser convicto del delito menor de entrar sin autorización a terrenos restringidos por la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques.

Además de los casos bajo la encomienda legislativa, nosotros hemos identificado el asesinato de la estudiante Antonia Martínez Lagares el 4 de marzo de 1970 por la Policía; la desaparición de Orlando Canales Azpeitía el 24 de julio de 1986, horas antes de un viaje a Cuba como parte de la Brigada Antonio Maceo; el asesinato de Luis Ángel Charbonier en la explosión de Mayagüez en la que murió el empleado del establecimiento comercial Eddie
Román Torres, y la explosión de un artefacto en la sede del Colegio de Abogados en 1980, hecho que está estrechamente vinculado a la lucha por sacar a la instalación naval de Vieques y quizá con la muerte de Rodríguez Cristóbal.

Existen otras muertes que estamos analizando, como la de Manuel Sanjurjo Cortés, y con las que aumentaría la lista a más de una docena. Una vez completemos la recopilación y confirmación de información, publicaremos la inclusión de esos casos.

Es importante que se entienda que no visualizamos estos casos como hechos individuales inconexos. Más bien son parte de un patrón que apunta a una conspiración mucho mayor que la de simples criminales y en la que el Estado tuvo un terrible papel. Más adelante hablaremos sobre nuestra teoría.

Hoy queremos compartir con el Senado lo más importante que tenemos hasta el momento en torno a las dos muertes que hemos identificado como los asesinatos políticos que comienzan esta racha que se desarrolló en la década del 70 y principios del 80, que son los casos de Mari Pesquera (24 de marzo de 1976) y Muñiz Varela (30 de abril de 1979).

La Comisión solicitó formalmente a la Comisión de Derechos Civiles que abra una investigación sobre los asesinatos de Mari Pesquera (1976) y Muñiz Varela (1979), en conjunto. Además se informó a la Comisión de Derechos Humanos y Civiles del Colegio de Abogados sobre estas gestiones y se le solicitó información sobre la bomba que explotó en su sede en 1980, y le informamos sobre nuestra creación a otras comisiones de la verdad y
organizaciones de derechos humanos en Latinoamérica.

Le escribimos al fiscal federal interino Guillermo Gil Bonar solicitando que interrogue al ex senador Freddy Valentín (quien actualmente es testigo de cargo en varios casos criminales), sobre lo que sabe de las bombas que causaron las muertes de Luis Ángel Charbonier y Eddie Román Torres en 1977 en Mayagüez y en las que se ha denunciado que él participó.
Apreciamos la iniciativa de la actual secretaria de Justicia, Annabelle Rodríguez, de ordenar la reapertura de las investigaciones de los casos de Mari Pesquera y Muñiz Varela. Para esto se designó al fiscal José Virella, sin embargo, a esta fecha desconocemos de algún progreso o resultado de esa pesquisa.

Luego de analizar el conjunto de los casos, hemos llegado a la conclusión de que existen y han existido datos relevantes que justificaban sendas pesquisas criminales; que existe evidencia documental y testimonios que se pueden obtener que implican a varios sospechosos, y que estos asesinatos tienen patrones similares que confirman la existencia de escuadrones de la muerte apoyados o co-ejecutados por ciudadanos particulares, incluyendo elementos del exilio cubano de derecha.

La visión integral de este patrón amerita una acción inmediata de las autoridades, o por lo menos una pesquisa especial legislativa que asigne más recursos que lo que puede tener un solo fiscal que tiene una cargada cartera de casos.

Nuestra teoría es que en Puerto Rico operó un esquema similar al Plan Cóndor o, en el peor de los casos, de alguna forma pasó a ser parte o copiado del mismo.

Para entender mejor esto, nos referimos a los análisis que ya se han publicado sobre una considerable cantidad de documentos desclasificados de agencias de inteligencia de Estados Unidos y Suramérica que confirman lo que por años estuvieron denunciando grupos políticos y de derechos humanos como el nuestro.

El Plan u Operación Cóndor fue una conspiración entre los servicios de inteligencia de los países del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y en parte Perú) con el objetivo de intercambiar información sobre supuestos subversivos residentes en los distintos países participantes de la Operación, y colaborar para la persecución de estas
personas. En esta operación colaboró el FBI [1].

Los operativos de inteligencia o de las fuerzas armadas de los distintos países participantes se desplazaban libremente por la región para secuestrar, desaparecer o asesinar a sus ciudadanos, de forma sistemática y coordinada entre las distintas dictaduras durante la década de 1970, con conocimiento de los Estados Unidos.

El juez argentino Rodolfo Canicoba Corral [2] dijo que fue un plan que "está fuera de toda duda" antes de procesar al ex dictador argentino Jorge Rafael Videla e intentar interrogar al ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner y el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger.

A finales de 1975, en la llamada "Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional", se discutió la creación de un fichero continental de "subversivos", que se considera el acta de nacimiento del Cóndor y cuya existencia fue probada en una de miles de páginas de intercambio de información con el propósito de perseguir, detener y matar a personas de
cualquier nacionalidad, donde se encontraran.

Esos documentos son lo que los paraguayos llaman "los archivos del terror", y se descubrieron en una comisaría en las afueras de Asunción. Otros documentos que prueban la existencia del plan son los de la CIA y el Departamento de Estado de EE.UU., uno de los cuales describe en septiembre de 1976 con lujo de detalles en qué consistía la operación y sus etapas. [3]"La tercera y más secreta fase de la Operación Cóndor involucra la formación de equipos especiales de países miembros, quienes viajarán a cualquier país del mundo, a países que no son miembros, para llevar a cabo sanciones que llegan al asesinato contra terroristas o aquellos que apoyan las organizaciones terroristas de los países miembros de la Operación Cóndor". [4]
[5]

En el auto de procesamiento del Juez Garzón contra Pinochet, se refiere al Plan Cóndor y la complicidad de la DINA (agencia de inteligencia chilena) con las muertes de notorias figuras de oposición al régimen en el extranjero.

“DECIMO TERCERO: Dentro de las operaciones delictivas llevadas a cabo por la DINA en el seno del denominado ‘Plan Cóndor’, según la dinámica ya expuesta de actuación ordenada por Augusto Pinochet Ugarte a Manuel Contreras y por éste a sus subordinados, y ejecución material por medio de agentes especiales desplazados al extranjero y a veces con ayuda de los servicios de seguridad de los países incluidos en ‘Cóndor’, se producen una serie de
acciones espectaculares que persiguen, dentro del plan la eliminación selectiva marcado por la Junta de Gobierno, la de los líderes que se oponían al ‘buen orden’, instaurado por ésta. Entre ellos ocupan un lugar preponderante: el atentado contra el general y ex comandante en Jefe del Ejército de Chile y Vicepresidente de la República con Salvador Allende, Carlos Prats González; el atentado contra el ex vicepresidente de Chile Bernardo Leigthon; el atentado contra el senador Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista de Chile; y el atentado contra el ex ministro de Defensa de Chile Orlando Letelier.”

En el archivo de los servicios de seguridad de Paraguay hay también numerosos documentos relacionados a la operación iniciada por Contreras, el jefe de la DINA y conocido violador de los derechos humanos, en los que se confirmó que en el marco del "Acuerdo de Cooperación" asesinaron al ex ministro chileno Orlando Letelier, del ex presidente de Bolivia, general Juan José Torres, asesinado en Argentina; de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como del doctor Agustín Goyburú, dirigente del Movimiento Popular Colorado (de Paraguay) y de cientos de activistas políticos chilenos, argentinos, paraguayos, y brasileños.

Así se ha concluido que existen suficientes e irrebatibles pruebas de que se practicó el terrorismo de estado a escala internacional.

Algo interesante a notar es que el descubrimiento de los "Archivos del Terror" (Paraguay) se logró gracias a policías descontentos con sus jefes que colaboraron con las autoridades judiciales y denunciaron cómo reinaba la corrupción en el interior de los organismos castrenses y policiales. Se darán cuenta después de ver un panorama como éste – de asesinatos de jefes de Estado, su gabinete, legisladores y líderes políticos, con el conocimiento o planificación de funcionarios de EE.UU. – y a la luz de lo que nosotros ya sabemos, entonces no nos debe extrañar que detrás de estos asesinatos políticos también había en Puerto Rico un patrón de terrorismo de estado, quizá a menor escala del Plan Cóndor, pero no obstante, proporcional en cuanto a nuestra realidad.

Este Senado tiene evidencia sobre la existencia de escuadrones de la muerte en Puerto Rico, la complicidad de empleados federales como el alguacil José A. López y su cómplice militar Alex de la Zerda, la utilización de explosivos militares y armas de origen federal para cometer diversos delitos comunes o como parte de la persecución política.

Las actuaciones ilegales de López y su cómplice de la Marina Alex de la Zerda son harta conocidas y motivaron sus arrestos en enero de 1980 por la bomba colocada al Colegio de Abogado y los implican en un plan para hacer estallar un avión de Vieques Air Link que piloteaba entonces Raúl Mari Pesquera. Parte de la prueba presentada en el tribunal federal fue la declaración jurada del agente especial Richard Stephen Hahn sobre la vigilancia del FBI a las actividades este grupo en el cual participaron cubanos exilados con los coacusados López, Roberto López González y René Fernández del Valle [6].

La misma evidencia recopilada por la Comisión de lo Jurídico en las investigaciones sobre el caso Maravilla
[7] señala que el gobierno tenía un plan contra-insurgente, la ganga de policías corruptos de Alejo Maldonado se inspiraba en los modelos de escuadrones de la muerte de Brasil y Argentina y tenían entre sus miembros egresados de la infame Escuela de las Américas [8] como el coronel José Enrique Sánchez y el ex superintendente Desiderio Cartagena, y otros, además de estar relacionados a grupos clandestinos como “Los Duendes” y “Amigos de la Democracia”, con la participación de conocidas figuras y abogados del país. [9]

En los últimos años se han desclasificado o descubierto documentos de agencias de inteligencia y realizado investigaciones en varios países de América y Europa que confirman el mismo patrón de persecución política [10] y prácticas casi iguales a las utilizadas en Puerto Rico [11]. En muchos de los casos famosos de operativos y asesinatos figuran cubanos exilados como activistas y criminales [12] a sueldo, desde el famoso escalamiento de Watergate, el asesinato de Orlando Letelier en Washington e innumerables atentados, colocación de bombas y asesinatos en Miami, La Habana y San Juan [13], muchos por admisión propia, y quizá hasta el asesinato de J. F. Kennedy. Pero tienen un récord muy pobre de arrestos o juicios [14], a pesar de que los vínculos de un sector del exilio cubano con agencias de inteligencia y atentados han sido documentados en varias investigaciones y publicaciones [15].

Según los expedientes del FBI que han obtenido algunos puertorriqueños, sabemos que esa agencia confirmaba sus informaciones sobre supuestos “subversivos” que vigilaba en la década del 60 con el Destacamento 471 de Inteligencia Militar, el Servicio de Investigaciones Navales y a la Oficina de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. Así me consta en un memorando de la oficina del FBI en San Juan, del 18 de diciembre de 1963, de una carpeta de un familiar mío.

Esto es confirmado por las viejas investigaciones de la Comisión de Derechos Civiles, el estudio del Dr. David Helfeld para el Comité de Derechos Civiles a finales de la década del 50 y publicado en 1964 por la Revista del Colegio de Abogados, y el estudio sobre el Programa COINTELPRO en Puerto Rico que hicieron la profesora Carmen Gautier Mayoral y Teresa Blanco Stahl, que se publicó originalmente en 1979 y se reprodujo en el libro de "Las Carpetas", de Ramón Bosque Pérez y Javier Colón Morera.

En una ponencia de Bosque Pérez en un foro auspiciado por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) el 9 de marzo de 2001 en el Colegio de Abogados, indicó que aunque la oficina del FBI en San Juan negaba enfáticamente a la Prensa en esos días su participación en el carpeteo y la persecución política en Puerto Rico, la realidad es que “el FBI ha estado muy vinculado a la persecución política en Estados Unidos desde sus propios
orígenes, según ha quedado documentado en los trabajos de numerosos historiadores, en informes de investigaciones del Congreso de Estados Unidos y hasta en algunas historias oficiales o semioficiales de la propia agencia federal”.

Como parte de sus orígenes a principios del siglo XX, la General Intelligence Division (GID), creada en 1919 por el Procurador General de Estados Unidos, tenía una unidad conocida como “Radical División”, para investigar "radicales" y llegó a crear 200,000 expedientes.

El director por 48 años del FBI, el notorio J. Edgar Hoover, se conoció por su recopilación de información para perseguir gente, pero para la historia más completa sobre el carpeteo federal, recomendamos como muy instructivo para la Comisión de lo Jurídico citar a Bosque Pérez, que hace tiempo lleva a cabo una extensa investigación sobre las carpetas federales y que estará en San Juan la primera semana de febrero.

De aquella ponencia suya destacamos que fue por órdenes del FBI que comienzan las “carpetas de subversivos" y así llegan los primeros agentes a Puerto Rico, para las actividades del Partido Nacionalista y su dirigente Pedro Albizu Campos.

Sabemos que uno de los propósitos del carpeteo era crear una lista de personas a ser arrestadas en cualquier situación de "emergencia". Esa lista se llamó en diferentes épocas Custodial Detention, Security Index y Administrative Index.

De la investigación antes mencionada se confirma que el carpeteo en Puerto Rico fue copiado del modelo estadounidense desarrollado principalmente a partir de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, a raíz de la Insurrección Nacionalista de 1950, hubo arrestos en masa de más de mil personas, incluyendo simpatizantes del independentismo en general que no estaban vinculados a los sucesos, como miembros del Partido Independentista Puertorriqueño, del Partido Comunista Puertorriqueño y muchas otras personas que no tenían ninguna relación. Sin embargo, sólo se radicaron cargos contra menos de 200.

El propio ex director del FBI Louis J. Freeh desmintió a la agente especial Marlene Hunter cuando a preguntas del congresista José Serrano en marzo de 2000, reconoció públicamente la participación de esa agencia en tareas de persecución política contra individuos y organizaciones puertorriqueñas. En las carpetas confeccionadas por la División de Inteligencia de la Policía abundan informes donde aparecen agentes del FBI proveyendo información o entradas de agentes para revisar expedientes y en las carpetas federales
aparecen reproducidos informes de la Policía de Puerto Rico. En algunos de esos documentos de aquí, por cierto, aparece la firma del entonces policía Jorge L. Collazo Torres.

Sabemos que en la Policía de Puerto Rico se generó una cultura de desprecio a los derechos civiles y contra sectores independentistas, a la vez que sus actividades inculcaron miedo en la ciudadanía para desalentar las expresiones de ideas divergentes o las denuncias. Esa mentalidad es difícil de erradicar. Se requiere un proceso educativo y de reeducación, tanto entre los agentes de seguridad y orden como en el pueblo. En ese sentido el pleito judicial de las carpetas y consecuente devolución de los expedientes logró
mucho en cuanto a desenmascarar la persecución oficial y sistemática, y que se conociera la verdad. Sin embargo, no es suficiente porque el daño no ha sido sólo el de confeccionar expedientes. Se ha llegado al asesinato. Por eso es importante para nuestra sociedad la creación de una Comisión de la Verdad que explore y sugiera formas concretas de reparar los daños de más de un siglo de persecución e intolerancia para así evitar que se repitan las
injusticias. Lo que nosotros hemos comenzado debería servir como un empujón para que se designen los recursos apropiados para una investigación especial, con autoridad para citar testigos y participación ciudadana, sin ánimo de venganza sino por el amor a la verdad y la justicia para poder comenzar a construir un futuro limpio.

[1] El FBI colaboró con la Operación Cóndor. Por Ernesto Carmona. Derechos Chile. Chile Information Project.
[2] Según sus investigadores, la Operación Cóndor nació con el golpe de Estado en Chile para combatir a los opositores de la dictadura de Augusto Pinochet. De ahí su nombre, porque el cóndor es el ave del escudo nacional chileno.

[3] Le estoy suministrando a la Comisión de lo Jurídico, como referencia, copia del documento disponible en Internet, así como una lista de otros documentos sobre la Operación disponibles, entre otros sitios, en la biblioteca del George Washington University.
[4] CNN en Español
http://www.cnnenespanol.com/especial/2001/desaparecidos/stories/contexto/operation.condor.html
[5] La Operación Cóndor: el terrorismo de estado de alcance transnacional. Esteban Cuya, investigador de Centro de Derechos Humanos de Nuremberg. Serie derechos humanos en América. Revista electrónica KO'AGA ROÑE'ETA.
[6] Tres cargos del gran jurado federal radicados el 31 de enero de 1980 por violaciones al Título 18, U.S.C., Secciones 371, 842(h). U.S. Attorney José A. Quiles, Brian M. Murtagh Special Attorney U.S. Dept. of Justice, Washington D.C.
[7] Informe de la segunda investigación del Senado sobre el caso Maravilla. Págs. 31-43, El Juicio de la Historia, Edgardo Pérez Viera. Editorial Cultural 2000.
[8] La Escuela de las Américas del Ejército de EE.UU. se fundó en 1946 y desde entonces ha entrenado a unos 60,000 soldados y oficiales de Latinoamérica, incluyendo entre sus graduados al general Manuel A. Noriega de Panamá; Roberto D'Aubuisson, líder de los escuadrones de la muerte de El Salvador y ex dictadores de Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. Se atribuye a graduados de esta escuela el asesinato del arzobispo Oscar Romero, las masacres de El Mozote y Uraba y el asesinato de seis curas jesuitas, entre otros. A otro graduado, Vladimiro Montesinos, ex mano derecha del presidente peruano Alberto Fujimori, se le atribuye dirigir el escuadrón de la muerte del Grupo Colina, responsable de varias masacres en Perú. El nombre de la Escuela de las Américas cambió el 17 de enero de 2001 por el de Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHISC) por una propuesta del Departamento de Defensa de EE.UU. incluida en el proyecto de
su presupuesto fiscal de 2001. La Cámara de Representantes derrotó por escaso margen una enmienda bipartidista para cerrar la institución y ordenar una investigación congresional sobre su operación. Fuente: School of Americas Watch.
[9] Resumen de las declaraciones resultantes de la prueba del polígrafo a Ernesto Gil Arzola y transcripciones de entrevistas de la oficina del Investigador Especial del Senado (1991-1992).

[10] Over decades, the CIA and the US military have created and disseminated manuals to teach the armies of many countries how to infiltrate and spy on civilian groups, forcibly extract information, subvert democracy, and target not only insurgency but also legal and peaceful labor unions, student
groups, and religious and civic organizations. The paper trail – which begins with the mysterious Project X in the 1960s and leads through the classrooms of the US Army School of the Americas in the 1980s – reveals a consistent policy in which the end justifies any means. Lisa Haugaard, Textbook Repression: US training manuals declassified, Covert Action Quarterly #61. Disponible en MediaFilter.org.

[11] The Counterintelligence manual, for example, defines as potential counterintelligence targets "local or national political party teams, or parties that have goals, beliefs or ideologies contrary or in opposition to the National Government," or "teams or hostile organizations whose objective is to create dissension or cause restlessness among the civilian population in the area of operations. This text recommends that the army create a "blacklist" of "persons whose capture and detention are of foremost importance to the armed forces." It should include not only "enemy agents" but also "subversive persons," "political leaders known or suspected as hostile toward the Armed Forces or
the political interests of the National Government," and "collaborators and sympathizers of the enemy," known or suspect. Throughout, the manuals highlight refugees and displaced persons as possible subversives to be monitored. They describe universities as breeding grounds for terrorists,
and identify priests and nuns as terrorists. They advise militaries to infiltrate youth groups, student groups, labor unions, political parties, and community organizations. Idem.
[12] “San Juan, Puerto Rico, has had 43 Cuban exile terrorist incidents since 1970. Of these, 41 were bombings and 2 were shooting murders.” Metro Dade County, Organized Crime Bureau (OCB) File on Terrorism. Handwritten note: "Summary of Dawson talks 6/18. 19/79". Cuban Information Archives
Document 0073.
[13] Chronology of Incidents, Cuban Political Violence In the United States. January 1965-March 1976. Cuban Information Archives Document 0180. 1995-2001. Cuban-exile.com.

[14] Various Cuban exile groups have engaged in violence on a regular basis in the United States with relative impunity for decades. One of them, going by the name of Omega 7 and headquartered in Union City, New Jersey, was characterized by the FBI in 1980 as “the most dangerous terrorist organization in the United States. William Blum, Killing Hope: U.S. military and CIA interventions since World War II. Common Courage Press 1995.
[15] El chairman soy yo. La “verdadera” historia de Jorge Mas Canosa. Reinaldo Taladrid y Lázaro Barredo. Ediciones Trebol. 1994. ISBN-959-7055-01-5

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