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23 de enero de 2002
Ponencia de la Comisión por la Verdad y la Justicia
Por Leila Andreu
Hon. Eudaldo Báez Galib
Presidente
Comisión de lo Jurídico
Senado de Puerto Rico
Comparecemos los coordinadores de la Comisión
por la Verdad y la Justicia de Puerto Rico, una iniciativa ciudadana
que busca poner fin a la impunidad de los asesinatos políticos
en este país. A continuación esta servidora hará
una exposición de lo que es la Comisión por la Verdad,
sus propósitos y teoría, y continuarán Rosa
Mari Pesquera y Raúl Álzaga con los detalles de los
dos primeros casos que interesa esta pesquisa senatorial, incluyendo
gestiones que se hicieron para encausar a los culpables y nuestras
aproximaciones a lo que pudo haber ocurrido. Agradecemos y felicitamos
al Senado por tomarse esta iniciativa de celebrar las primeras audiencias
públicas legislativas para investigar una serie de crímenes
de carácter político que continúan sin solución
en su totalidad. El propósito de esta iniciativa ciudadana
es eesclarecer por completo los asesinatos políticos cometidos
por individuos apoyados o dirigidos por instituciones del gobierno,
como la Policía de Puerto Rico, el FBI y el espionaje militar,
incluyendo la Inteligencia Naval de Roosevelt Roads; desenmascarar
todo el encubrimiento político e institucional desarrollado
por décadas para proteger a los culpables y crear conciencia
sobre la atrocidad de los asesinatos políticos y la necesidad
de que nunca, jamás, vuelvan a ocurrir.
Para lograr esto, nos hemos dedicado a tres tareas principales:
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La recopilación
de información utilizando nuestros propios recursos
en busca de desentrañar la verdad, incluyendo el solicitar
documentos a instituciones oficiales. |
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Divulgar
nuestra agenda y desarrollo del trabajo en Puerto Rico y el
exterior, incluyendo someter nuestros hallazgos a las autoridades
competentes. |
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Utilizar
recursos legales de ser necesario para obtener documentos
e información. |
Hemos confeccionado un sitio en la red de Internet para exponer
los casos y se encuentra en la dirección www.verdadyjusticia.org,
además de contar con las direcciones electrónicas
comision@verdadyjusticia.org
e investiga@verdadyjusticia.org,
y la dirección postal PMB 486, Ave. De Diego #89 Suite
105, San Juan, Puerto Rico 00927-6346, para recibir información
de aquellos ciudadanos que quieran cooperar ya sea en la tarea de
recopilación de información o proveyendo evidencia.
La creación de esta comisión se gestó en un
conversatorio que convocó Juan Mari Brás en marzo
del año pasado, en ocasión de conmemorarse otro aniversario
de la muerte de su hijo. Como una iniciativa de familiares y amigos
de las víctimas, se anunció públicamente la
creación de esta Comisión el 13 de noviembre de 2001
en un esfuerzo conjunto de lo que hasta entonces había sido
gestiones individuales de familiares frustrados por la inacción
de las autoridades en encausar a los culpables.
Hemos estado coordinando este trabajo Rosa Mari Pesquera, Raúl
Álzaga, Carlos Muñiz Pérez, César Francisco
Torres, Leila Andreu y Jorge Plard, que son familiares y amigos
de los asesinados Santiago Mari Pesquera, Carlos Muñiz, Arnaldo
Darío Rosado y Carlos Enrique Soto Arriví. Colaboran
en este esfuerzo con su expertise el profesor Javier Colón
Morera, el investigador social Ramón Bosque Pérez,
del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College,
Nueva York, y el Lic. Edgardo Pérez Viera, entre otros.
El consenso de las personas que apoyan esta iniciativa es que nuestra
sociedad debe reconocer públicamente el carácter político
de una serie asesinatos ocurridos en Puerto Rico en las décadas
del 70 y 80 de manera que el país pueda tomar control de
su destino de una forma informada y conciente.
Esta Comisión considera que en momentos en que se habla tanto
del terrorismo mundial, en Puerto Rico ocurrieron unos asesinatos
que constituyen actos de terrorismo que todavía están
impunes gracias al encubrimiento protagonizado tanto por funcionarios
y figuras públicas, como individuos y organizaciones privadas,
puertorriqueños y extranjeros.
Varios gobiernos tuvieron en sus manos el poder y los recursos para
descubrir la verdad y encausar a los culpables, pero no produjeron
nada, ni siquiera remordimientos. No tienen excusa por el daño
que han causado, por acción u omisión. No es posible
construir un futuro social limpio sobre las bases del engaño.
El caso del Cerro Maravilla ayudó a abrirle los ojos a este
pueblo sobre la terrible verdad detrás de los asesinatos
políticos y su complejidad, pero quedaron muchos cabos sueltos,
como cuál fue la participación de los federales y
otras conocidas figuras de este país, cuánto conocían
de antemano y después de los hechos, y cuántas oportunidades
tuvieron de evitar lo sucedido o al menos promover que se conociera
la verdad después de los hechos.
Nosotros queremos que el Senado termine lo que comenzó. Queremos
saber la verdad, sea cual fuere, para así acabar con la persecución
política y sus instrumentos de secuestro, tortura y asesinato.
Con agrado encontramos que la encomienda de esta comisión
senatorial es cónsona con nuestro trabajo en lo que se refiere
al investigar la explosión de una bomba en Mayagüez
el 11 de enero de 1975, los asesinatos de Santiago Mari Pesquera,
hijo del líder independentista Juan Mari Brás; de
Carlos Muñiz Varela, director de Viajes Varadero; del líder
obrero Juan Rafael Caballero el 13 de octubre de 1977 y de los jóvenes
Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado el 25 de
julio de 1978 en el Cerro Maravilla, así como el supuesto
suicidio de Ángel Rodríguez Cristóbal el 11
de noviembre de 1979 en una cárcel federal de Florida después
de ser convicto del delito menor de entrar sin autorización
a terrenos restringidos por la Marina de Guerra de Estados Unidos
en Vieques.
Además de los casos bajo la encomienda legislativa, nosotros
hemos identificado el asesinato de la estudiante Antonia Martínez
Lagares el 4 de marzo de 1970 por la Policía; la desaparición
de Orlando Canales Azpeitía el 24 de julio de 1986, horas
antes de un viaje a Cuba como parte de la Brigada Antonio Maceo;
el asesinato de Luis Ángel Charbonier en la explosión
de Mayagüez en la que murió el empleado del establecimiento
comercial Eddie
Román Torres, y la explosión de un artefacto en la
sede del Colegio de Abogados en 1980, hecho que está estrechamente
vinculado a la lucha por sacar a la instalación naval de
Vieques y quizá con la muerte de Rodríguez Cristóbal.
Existen otras muertes que estamos analizando, como la de Manuel
Sanjurjo Cortés, y con las que aumentaría la lista
a más de una docena. Una vez completemos la recopilación
y confirmación de información, publicaremos la inclusión
de esos casos.
Es importante que se entienda que no visualizamos estos casos como
hechos individuales inconexos. Más bien son parte de un patrón
que apunta a una conspiración mucho mayor que la de simples
criminales y en la que el Estado tuvo un terrible papel. Más
adelante hablaremos sobre nuestra teoría.
Hoy queremos compartir con el Senado lo más importante que
tenemos hasta el momento en torno a las dos muertes que hemos identificado
como los asesinatos políticos que comienzan esta racha que
se desarrolló en la década del 70 y principios del
80, que son los casos de Mari Pesquera (24 de marzo de 1976) y Muñiz
Varela (30 de abril de 1979).
La Comisión solicitó formalmente a la Comisión
de Derechos Civiles que abra una investigación sobre los
asesinatos de Mari Pesquera (1976) y Muñiz Varela (1979),
en conjunto. Además se informó a la Comisión
de Derechos Humanos y Civiles del Colegio de Abogados sobre estas
gestiones y se le solicitó información sobre la bomba
que explotó en su sede en 1980, y le informamos sobre nuestra
creación a otras comisiones de la verdad y
organizaciones de derechos humanos en Latinoamérica.
Le escribimos al fiscal federal interino Guillermo Gil Bonar solicitando
que interrogue al ex senador Freddy Valentín (quien actualmente
es testigo de cargo en varios casos criminales), sobre lo que sabe
de las bombas que causaron las muertes de Luis Ángel Charbonier
y Eddie Román Torres en 1977 en Mayagüez y en las que
se ha denunciado que él participó.
Apreciamos la iniciativa de la actual secretaria de Justicia, Annabelle
Rodríguez, de ordenar la reapertura de las investigaciones
de los casos de Mari Pesquera y Muñiz Varela. Para esto se
designó al fiscal José Virella, sin embargo, a esta
fecha desconocemos de algún progreso o resultado de esa pesquisa.
Luego de analizar el conjunto de los casos, hemos llegado a la conclusión
de que existen y han existido datos relevantes que justificaban
sendas pesquisas criminales; que existe evidencia documental y testimonios
que se pueden obtener que implican a varios sospechosos, y que estos
asesinatos tienen patrones similares que confirman la existencia
de escuadrones de la muerte apoyados o co-ejecutados por ciudadanos
particulares, incluyendo elementos del exilio cubano de derecha.
La visión integral de este patrón amerita una acción
inmediata de las autoridades, o por lo menos una pesquisa especial
legislativa que asigne más recursos que lo que puede tener
un solo fiscal que tiene una cargada cartera de casos.
Nuestra teoría es que en Puerto Rico operó un esquema
similar al Plan Cóndor o, en el peor de los casos, de alguna
forma pasó a ser parte o copiado del mismo.
Para entender mejor esto, nos referimos a los análisis que
ya se han publicado sobre una considerable cantidad de documentos
desclasificados de agencias de inteligencia de Estados Unidos y
Suramérica que confirman lo que por años estuvieron
denunciando grupos políticos y de derechos humanos como el
nuestro.
El Plan u Operación Cóndor fue una conspiración
entre los servicios de inteligencia de los países del Cono
Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y en parte
Perú) con el objetivo de intercambiar información
sobre supuestos subversivos residentes en los distintos países
participantes de la Operación, y colaborar para la persecución
de estas
personas. En esta operación colaboró el FBI [1].
Los operativos de inteligencia o de las fuerzas armadas de los distintos
países participantes se desplazaban libremente por la región
para secuestrar, desaparecer o asesinar a sus ciudadanos, de forma
sistemática y coordinada entre las distintas dictaduras durante
la década de 1970, con conocimiento de los Estados Unidos.
El juez argentino Rodolfo Canicoba Corral [2]
dijo que fue un plan que "está fuera de toda duda"
antes de procesar al ex dictador argentino Jorge Rafael Videla e
intentar interrogar al ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner
y el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger.
A finales de 1975, en la llamada "Primera Reunión de
Trabajo de Inteligencia Nacional", se discutió la creación
de un fichero continental de "subversivos", que se considera
el acta de nacimiento del Cóndor y cuya existencia fue probada
en una de miles de páginas de intercambio de información
con el propósito de perseguir, detener y matar a personas
de
cualquier nacionalidad, donde se encontraran.
Esos documentos son lo que los paraguayos llaman "los archivos
del terror", y se descubrieron en una comisaría en las
afueras de Asunción. Otros documentos que prueban la existencia
del plan son los de la CIA y el Departamento de Estado de EE.UU.,
uno de los cuales describe en septiembre de 1976 con lujo de detalles
en qué consistía la operación y sus etapas.
[3]"La
tercera y más secreta fase de la Operación Cóndor
involucra la formación de equipos especiales de países
miembros, quienes viajarán a cualquier país del mundo,
a países que no son miembros, para llevar a cabo sanciones
que llegan al asesinato contra terroristas o aquellos que apoyan
las organizaciones terroristas de los países miembros de
la Operación Cóndor". [4]
[5]
En el auto de procesamiento del Juez Garzón contra Pinochet,
se refiere al Plan Cóndor y la complicidad de la DINA (agencia
de inteligencia chilena) con las muertes de notorias figuras de
oposición al régimen en el extranjero.
“DECIMO TERCERO: Dentro de las operaciones delictivas llevadas
a cabo por la DINA en el seno del denominado ‘Plan Cóndor’,
según la dinámica ya expuesta de actuación
ordenada por Augusto Pinochet Ugarte a Manuel Contreras y por éste
a sus subordinados, y ejecución material por medio de agentes
especiales desplazados al extranjero y a veces con ayuda de los
servicios de seguridad de los países incluidos en ‘Cóndor’,
se producen una serie de
acciones espectaculares que persiguen, dentro del plan la eliminación
selectiva marcado por la Junta de Gobierno, la de los líderes
que se oponían al ‘buen orden’, instaurado por
ésta. Entre ellos ocupan un lugar preponderante: el atentado
contra el general y ex comandante en Jefe del Ejército de
Chile y Vicepresidente de la República con Salvador Allende,
Carlos Prats González; el atentado contra el ex vicepresidente
de Chile Bernardo Leigthon; el atentado contra el senador Carlos
Altamirano, Secretario General del Partido Socialista de Chile;
y el atentado contra el ex ministro de Defensa de Chile Orlando
Letelier.”
En el archivo de los servicios de seguridad de Paraguay hay también
numerosos documentos relacionados a la operación iniciada
por Contreras, el jefe de la DINA y conocido violador de los derechos
humanos, en los que se confirmó que en el marco del "Acuerdo
de Cooperación" asesinaron al ex ministro chileno Orlando
Letelier, del ex presidente de Bolivia, general Juan José
Torres, asesinado en Argentina; de los legisladores uruguayos Zelmar
Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como
del doctor Agustín Goyburú, dirigente del Movimiento
Popular Colorado (de Paraguay) y de cientos de activistas políticos
chilenos, argentinos, paraguayos, y brasileños.
Así se ha concluido que existen suficientes e irrebatibles
pruebas de que se practicó el terrorismo de estado a escala
internacional.
Algo interesante a notar es que el descubrimiento de los "Archivos
del Terror" (Paraguay) se logró gracias a policías
descontentos con sus jefes que colaboraron con las autoridades judiciales
y denunciaron cómo reinaba la corrupción en el interior
de los organismos castrenses y policiales. Se darán cuenta
después de ver un panorama como éste – de asesinatos
de jefes de Estado, su gabinete, legisladores y líderes políticos,
con el conocimiento o planificación de funcionarios de EE.UU.
– y a la luz de lo que nosotros ya sabemos, entonces no nos
debe extrañar que detrás de estos asesinatos políticos
también había en Puerto Rico un patrón de terrorismo
de estado, quizá a menor escala del Plan Cóndor, pero
no obstante, proporcional en cuanto a nuestra realidad.
Este Senado tiene evidencia sobre la existencia de escuadrones de
la muerte en Puerto Rico, la complicidad de empleados federales
como el alguacil José A. López y su cómplice
militar Alex de la Zerda, la utilización de explosivos militares
y armas de origen federal para cometer diversos delitos comunes
o como parte de la persecución política.
Las actuaciones ilegales de López y su cómplice de
la Marina Alex de la Zerda son harta conocidas y motivaron sus arrestos
en enero de 1980 por la bomba colocada al Colegio de Abogado y los
implican en un plan para hacer estallar un avión de Vieques
Air Link que piloteaba entonces Raúl Mari Pesquera. Parte
de la prueba presentada en el tribunal federal fue la declaración
jurada del agente especial Richard Stephen Hahn sobre la vigilancia
del FBI a las actividades este grupo en el cual participaron cubanos
exilados con los coacusados López, Roberto López González
y René Fernández del Valle [6].
La misma evidencia recopilada por la Comisión de lo Jurídico
en las investigaciones sobre el caso Maravilla [7]
señala que el gobierno tenía un plan contra-insurgente,
la ganga de policías corruptos de Alejo Maldonado se inspiraba
en los modelos de escuadrones de la muerte de Brasil y Argentina
y tenían entre sus miembros egresados de la infame Escuela
de las Américas [8]
como el coronel José Enrique Sánchez y el ex superintendente
Desiderio Cartagena, y otros, además de estar relacionados
a grupos clandestinos como “Los Duendes” y “Amigos
de la Democracia”, con la participación de conocidas
figuras y abogados del país. [9]
En los últimos años se han desclasificado o descubierto
documentos de agencias de inteligencia y realizado investigaciones
en varios países de América y Europa que confirman
el mismo patrón de persecución política [10]
y prácticas casi iguales a las utilizadas en Puerto
Rico [11].
En muchos de los casos famosos de operativos y asesinatos figuran
cubanos exilados como activistas y criminales [12]
a sueldo, desde el famoso escalamiento de Watergate, el asesinato
de Orlando Letelier en Washington e innumerables atentados, colocación
de bombas y asesinatos en Miami, La Habana y San Juan [13],
muchos por admisión propia, y quizá hasta el asesinato
de J. F. Kennedy. Pero tienen un récord muy pobre de arrestos
o juicios [14],
a pesar de que los vínculos de un sector del exilio cubano
con agencias de inteligencia y atentados han sido documentados en
varias investigaciones y publicaciones [15].
Según los expedientes del FBI que han obtenido algunos puertorriqueños,
sabemos que esa agencia confirmaba sus informaciones sobre supuestos
“subversivos” que vigilaba en la década del 60
con el Destacamento 471 de Inteligencia Militar, el Servicio de
Investigaciones Navales y a la Oficina de Inteligencia de la Policía
de Puerto Rico. Así me consta en un memorando de la oficina
del FBI en San Juan, del 18 de diciembre de 1963, de una carpeta
de un familiar mío.
Esto es confirmado por las viejas investigaciones de la Comisión
de Derechos Civiles, el estudio del Dr. David Helfeld para el Comité
de Derechos Civiles a finales de la década del 50 y publicado
en 1964 por la Revista del Colegio de Abogados, y el estudio sobre
el Programa COINTELPRO en Puerto Rico que hicieron la profesora
Carmen Gautier Mayoral y Teresa Blanco Stahl, que se publicó
originalmente en 1979 y se reprodujo en el libro de "Las Carpetas",
de Ramón Bosque Pérez y Javier Colón Morera.
En una ponencia de Bosque Pérez en un foro auspiciado por
la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) el 9
de marzo de 2001 en el Colegio de Abogados, indicó que aunque
la oficina del FBI en San Juan negaba enfáticamente a la
Prensa en esos días su participación en el carpeteo
y la persecución política en Puerto Rico, la realidad
es que “el FBI ha estado muy vinculado a la persecución
política en Estados Unidos desde sus propios
orígenes, según ha quedado documentado en los trabajos
de numerosos historiadores, en informes de investigaciones del Congreso
de Estados Unidos y hasta en algunas historias oficiales o semioficiales
de la propia agencia federal”.
Como parte de sus orígenes a principios del siglo XX, la
General Intelligence Division (GID), creada en 1919 por el Procurador
General de Estados Unidos, tenía una unidad conocida como
“Radical División”, para investigar "radicales"
y llegó a crear 200,000 expedientes.
El director por 48 años del FBI, el notorio J. Edgar Hoover,
se conoció por su recopilación de información
para perseguir gente, pero para la historia más completa
sobre el carpeteo federal, recomendamos como muy instructivo para
la Comisión de lo Jurídico citar a Bosque Pérez,
que hace tiempo lleva a cabo una extensa investigación sobre
las carpetas federales y que estará en San Juan la primera
semana de febrero.
De aquella ponencia suya destacamos que fue por órdenes del
FBI que comienzan las “carpetas de subversivos" y así
llegan los primeros agentes a Puerto Rico, para las actividades
del Partido Nacionalista y su dirigente Pedro Albizu Campos.
Sabemos que uno de los propósitos del carpeteo era crear
una lista de personas a ser arrestadas en cualquier situación
de "emergencia". Esa lista se llamó en diferentes
épocas Custodial Detention, Security Index y Administrative
Index.
De la investigación antes mencionada se confirma que el carpeteo
en Puerto Rico fue copiado del modelo estadounidense desarrollado
principalmente a partir de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo,
a raíz de la Insurrección Nacionalista de 1950, hubo
arrestos en masa de más de mil personas, incluyendo simpatizantes
del independentismo en general que no estaban vinculados a los sucesos,
como miembros del Partido Independentista Puertorriqueño,
del Partido Comunista Puertorriqueño y muchas otras personas
que no tenían ninguna relación. Sin embargo, sólo
se radicaron cargos contra menos de 200.
El propio ex director del FBI Louis J. Freeh desmintió a
la agente especial Marlene Hunter cuando a preguntas del congresista
José Serrano en marzo de 2000, reconoció públicamente
la participación de esa agencia en tareas de persecución
política contra individuos y organizaciones puertorriqueñas.
En las carpetas confeccionadas por la División de Inteligencia
de la Policía abundan informes donde aparecen agentes del
FBI proveyendo información o entradas de agentes para revisar
expedientes y en las carpetas federales
aparecen reproducidos informes de la Policía de Puerto Rico.
En algunos de esos documentos de aquí, por cierto, aparece
la firma del entonces policía Jorge L. Collazo Torres.
Sabemos que en la Policía de Puerto Rico se generó
una cultura de desprecio a los derechos civiles y contra sectores
independentistas, a la vez que sus actividades inculcaron miedo
en la ciudadanía para desalentar las expresiones de ideas
divergentes o las denuncias. Esa mentalidad es difícil de
erradicar. Se requiere un proceso educativo y de reeducación,
tanto entre los agentes de seguridad y orden como en el pueblo.
En ese sentido el pleito judicial de las carpetas y consecuente
devolución de los expedientes logró
mucho en cuanto a desenmascarar la persecución oficial y
sistemática, y que se conociera la verdad. Sin embargo, no
es suficiente porque el daño no ha sido sólo el de
confeccionar expedientes. Se ha llegado al asesinato. Por eso es
importante para nuestra sociedad la creación de una Comisión
de la Verdad que explore y sugiera formas concretas de reparar los
daños de más de un siglo de persecución e intolerancia
para así evitar que se repitan las
injusticias. Lo que nosotros hemos comenzado debería servir
como un empujón para que se designen los recursos apropiados
para una investigación especial, con autoridad para citar
testigos y participación ciudadana, sin ánimo de venganza
sino por el amor a la verdad y la justicia para poder comenzar a
construir un futuro limpio.
[1] El FBI colaboró
con la Operación Cóndor. Por Ernesto Carmona. Derechos
Chile. Chile Information Project.
[2]
Según sus investigadores, la Operación Cóndor
nació con el golpe de Estado en Chile para combatir a los
opositores de la dictadura de Augusto Pinochet. De ahí su
nombre, porque el cóndor es el ave del escudo nacional chileno.
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PMB 486, Ave. De Diego #89 Suite 105, San Juan,
Puerto Rico 00927-6346
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